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El CEO de Creoentuproyecto.com y presidente de la Asociación Española de Crowdfunding asegura que “la protección al inversor en esta nueva ley es férrea.”

Después de que hace varios meses el Gobierno propusiera su primera, y polémica, propuesta de ley para regular la actividad de financiación colectiva a nivel empresarial (crowdfunding) parece que, tras el asesoramiento y las conversaciones con los responsables de diferentes plataformas de crowdfunding de España y representantes de la Asociación Española de Crowdfunding, el nuevo proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial que se ha aprobado en los últimos días se acerca más a los modelos que ya funcionan en otros países europeos.

Según el CEO de Creoentuproyecto y presidente de la Asociación Española de Crowdfunding, Daniel Oliver, “una ley que regule el sector y dé confianza a los ciudadanos, asegurando que el crowdfunding tiene el visto bueno de los reguladores financieros, es naturalmente bienvenida”. Sin embargo, este nuevo borrador incluye ciertos aspectos que aún “nos dejan en desventaja a las empresas españolas de crowdfunding financiero frente a las más potentes y maduras empresas británicas, alemanas o francesas”.

Uno de los cambios más significativos de este nuevo proyecto de ley es la diferenciación entre los tipos de inversores. Los acreditados, en los que se incluyen las instituciones oficiales, empresas con activos de un millón de euros, empresas con recursos propios de 300.000 euros y particulares que puedan demostrar un nivel de renta superior a los 50.000 euros anuales y un patrimonio de 100.000 euros, que no tendrán ningún tipo de límite a la hora de invertir en cualquier proyecto empresarial financiado por crowdfunding. Y los no acreditados, que incluye al resto de particulares que decidan invertir en cualquier proyecto y que tendrán un límite de 3.000 euros por proyecto y 10.000 euros anuales.

En este sentido, para el presidente de la Asociación Española de Crowdfunding “la ley se está centrando casi exclusivamente en restringir, controlar y limitar al inversor, cuando lo verdaderamente interesante sería determinar medidas que potencien esta nueva vía de dinamización económica”. Para Oliver, “la protección al inversor en esta nueva ley es férrea”. El sector crowdfunding preferiría que “se respetara la libertad y la capacidad de decidir de los ciudadanos a la hora de invertir su dinero, pues creemos que es negativo dar por sentado que los españoles no tienen cultura financiera”, afirma.

A pesar de todo, desde la asociación ven positivo que se esté trabajando en una nueva ley que regule el crowdfunding en España y confían en que “la española no será la peor ley de Europa, pero tampoco la mejor”. Por otro lado, celebra que “al menos ahora los españoles podrán invertir en crowdfunding financiero con todas las garantías”.

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